El Consejo Nacional Electoral acató la disposición de la Asamblea Nacional y suspendió las votaciones previstas para este año. El cronograma comicial quedó congelado mientras los diputados aprueban el anteproyecto de ley de procesos electorales que suplantará a la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. El organismo comicial debió realizar la elección del gobernador del estado Amazonas y de los alcaldes de los municipios Achaguas (Apure), Miranda (Carabobo), Carrizal (Miranda) y Manuel Monge (Yaracuy). Otros hechos obligaban al árbitro a convocar con celeridad dos nuevas jornadas de votación: la ausencia absoluta del alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, y el fallecimiento del alcalde de Arismendi en Nueva Esparta, Francisco Torcat. Además, en marzo pasado la AN notificó al CNE la modificación del artículo 82 de la Ley del Poder Público Municipal que pospuso para 2010 las elecciones de concejales y juntas parroquiales. La suspensión de los comicios implica la extensión de los períodos de gobierno de los funcionarios públicos, por lo cual los juristas advierten que la medida viola la Constitución. En los artículos 160 y 174 se establece que el período de los gobernadores y alcaldes son de 4 años. Asimismo, en la Ley del Poder Público Municipal se indica que ante la ausencia absoluta de un alcalde se deberá convocar a nuevas elecciones. Manuel Rachadel, ex consultor jurídico del CNE, calificó de inconstitucional la medida asumida por los rectores y aclaró que los períodos de gobierno no están sujetos a la discrecionalidad de ningún organismo. "No existe fundamento para posponer los procesos. El CNE sólo requiere el marco jurídico vigente", agregó. Consideró que se tergiversa el artículo 298 de la carta magna en el cual se establece: "La ley que regule los procesos electorales no podrá modificarse seis meses antes de una elección". A su juicio, mientras no sea aprobado el nuevo marco legal los comicios deberán realizarse con la normativa vigente. No adelantó posición sobre lo que podría ser el verdadero motivo de la suspensión, pero señaló que a los gobiernos militares poco les interesan las elecciones. José Peña Solís, ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, señaló que se vulnera el derecho de los electores a elegir al obviar los lapsos establecidos por un procedimiento meramente administrativo. Agregó que la decisión del CNE de acatar la disposición de la Asamblea Nacional revela una crisis institucional. "Los rectores no decidieron por consenso sino por obediencia, eso dice mucho de la autonomía de los poderes". El abogado constitucionalista Gerardo Fernández aclaró que el único impedimento legal para interrumpir los procesos electorales es que el texto vigente vulnerare las disposiciones constitucionales. "Durante estos diez años de gestión de Chávez esa ha sido la ley que ha normado los eventos electorales. En nada contradice los principios constitucionales", afirmó. Considera grave que la ley que se discute en la AN se oponga a la representación proporcional. "Lo que nos preocupa es que se quieran aplicar normas que contradicen lo expresado en la carta magna". Ilegal. El coordinador electoral de UNT, Vicente Bello, cree que razones políticas motivaron la suspensión de las elecciones, pues afirma que en este momento la popularidad del presidente Hugo Chávez no está fortalecida. "El CNE no tiene competencia para extender el período de los funcionarios. Esto es una maniobra política que vulnera las disposiciones constitucionales", agregó. Bello explicó que la ley que se discute en la plenaria del Parlamento pretende modificar el sistema de representación proporcional cuando las elecciones previstas para este año son sólo para cargos uninominales. "No está en juego la escogencia de organismos beligerantes, como la AN, consejos legislativos regionales, cabildos metropolitanos, concejos municipales y juntas parroquiales. Los ciudadanos tienen derecho a elegir a sus gobernantes". Insistió en que la obligación constitucional es realizar las elecciones, por lo que propone que se posponga el debate del anteproyecto. "Reclamaremos y denunciaremos las ilegalidades de la ley en la calle", aseguró. La suspensión no fue el único elemento que preocupa a los partidos oficialistas y opositores. La eliminación de la representación proporcional prevista en la Constitución generó roces incluso entre los oficialistas. El rector Vicente Díaz salvó su voto y no aprobó el borrador presentado por el CNE a la Comisión de Participación Política de la AN. Argumentó que el proyecto empeora la realidad y minimiza la posibilidad de expresión institucional de las minorías políticas al proponer un sistema paralelo en el cual los cargos nominales se incluyen en las listas. "Se está legalizando el sistema conocido como `las morochas'. En el pasado republicano sólo apelando al recurso de la representación proporcional se pudo abrir una válvula de escape institucional a la presión política de las minorías", señaló
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